Según el mandato constitucional, las Fuerzas Armadas de Honduras pasan a la subordinación del CNE este 30 de noviembre, para cumplir su rol de resguardar el material electoral y la seguridad del proceso.

Analistas esperan que los altos mandos actúen con reflexión y apego a su deber constitucional, en medio de denuncias recientes sobre supuestos intentos de injerencia militar con la propuesta del jefe del Estado Mayor Conjunto Rossevelh Hernández, al CNE de tener acceso a las actas.

Entre el ruido y la esperanza

La confrontación política en el Congreso Nacional, las tensiones entre consejeros del CNE y magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), y las investigaciones del Ministerio Público que muchos consideran -selectivas y parciales-, han profundizado la sensación de desconfianza institucional.

No obstante, diversas voces coinciden en que este ambiente adverso no debe desalentar al votante. Al contrario —dicen— es precisamente cuando la patria más necesita que sus ciudadanos acudan a las urnas, conscientes de que el voto sigue siendo el instrumento más poderoso para defender la democracia.

La decisión se da a un mes de las elecciones generales y busca garantizar la custodia, transporte y vigilancia del material electoral, tal como lo establece la normativa vigente.

Sin embargo, el comunicado emitido por las Fuerzas Armadas destaca un punto adicional que ha generado atención pública: el aseguramiento de la transmisión y resguardo de las actas de resultados, una función que no está explícitamente contemplada en la ley.

En su pronunciamiento, los militares aseguraron que no tolerarán ningún acto dirigido a sabotear la transparencia electoral, violar la soberanía popular o alterar la paz democrática.

“Las Fuerzas Armadas de Honduras garantizan al pueblo hondureño que ningún acto dirigido a sabotear la transparencia electoral, violar la soberanía del pueblo o alterar la paz democrática será tolerado”, expresa el comunicado en su punto cuatro.