A medida que se acercan los comicios generales del 30 de noviembre, crece la presión sobre el espacio cívico y su rol en la democracia. Las campañas de descrédito se acentúan desde el oficialismo, la polarización política escala, pero en medio de ello, las organizaciones civiles, gremiales, religiosas y de prensa desafían el miedo y las conductas autoritarias recuperando los espacios públicos.

Uno de esos espacios es la calle. El partido en el poder, Libertad y Refundación (Libre) hasta hace poco sostenía que las calles les pertenecían, que solo ellos podían hacer uso de estas y sus convocatorias. Fue tal que en junio de 2023 lograron abortar una movilización ciudadana convocada por una organización de sociedad civil para exigir la instalación en el país de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), que nunca llegó, pese a ser una de las principales promesas de campaña del gobierno de la presidenta Castro.

El partido en el poder, a través de los llamados Colectivos de Libre, instaló la figura del miedo en dependencias públicas con tomas y protestas, enfrascó sus baterías hacia sectores que les resultaban incómodos y comenzó por medio del proyecto Poder Popular a organizar sus grupos de choque territorial en diversos puntos del país. La oposición política, en especial los partidos políticos, fragmentados y sin liderazgos fuertes no fueron capaces de disputar el espacio público de la calle.

Con la experiencia vivida tras el aborto de la movilización ciudadana contra la corrupción en junio de 2023, las organizaciones de sociedad civil se replegaron y centraron sus estrategias en la denuncia con informes, investigaciones y análisis de casos, como otras formas de incidencia y defensa del espacio cívico. Las manifestaciones que se han registrado han sido en el interior del país, en las zonas donde la defensa de los territorios frente al avance de la industria extractivista y la protección del ambiente es permanente.