La directora global de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara, dijo este sábado que en Honduras «hay ciclos de impunidad» contra «personas defensoras de los derechos humanos de tierra-territorio que han sufrido de extrema violencia y de gravísimas violaciones a los derechos humanos».

Esas violaciones se registran «ante un Estado pasivo, negligente, que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, particularmente con cuatro sentencias de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CorteIDH), que ya ha reconocido desde el 2015 los derechos ancestrales que tiene el pueblo garífuna (negros) sobre su territorio», indicó Guevara a EFE en Tegucigalpa.

Guevara llegó el jueves a Tegucigalpa como parte de 35 organizaciones que conforman a Delegación Internacional de Solidaridad con el Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna, que desde hace más de un mes exige frente a la Corte Suprema de Justicia el cumplimiento de cuatro sentencias a favor de cuatro pueblos afrodescendientes en el Caribe hondureño.

La funcionaria de AI subrayó que los pueblos garífunas del país «se siguen enfrentando a violaciones a los derechos humanos, al despojo de sus territorios, a la criminalización, al uso indebido del sistema de justicia para callar sus voces, a la desaparición forzada y, lamentablemente, como muchos otros defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras, a las amenazas contra su vida».

Agregó que el Gobierno hondureño que preside Nasry Asfura en vez de dibujar «un camino para la ejecución de las sentencias de la CorteIDH, ha hecho un retroceso emitiendo una legislación supuestamente para la protección de la industria agropecuaria, del turismo o de otros intereses económicos que se intentan sobreponer en menoscabo de los derechos humanos de todo el pueblo hondureño».