Tras la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés). La cifra de más de 55 mil compatriotas, citada por el presidente Nasry Asfura, reunió historias diferentes bajo una misma preocupación: cómo conservar la estabilidad del hogar.

El mandatario pidió a Estados Unidos examinar cada expediente y valorar el arraigo de quienes establecieron allí sus familias y actividades económicas. “Son gente de bien que tienen tres y cuatro décadas de vivir en Estados Unidos”, expresó Asfura. Su solicitud buscó que la trayectoria de cada persona tuviera peso en la evaluación de su situación migratoria.

La historia de esa protección comenzó en enero de 1999, después de la devastación que dejó el huracán Mitch en Honduras. El programa permitió a sus beneficiarios permanecer y trabajar legalmente en territorio estadounidense durante períodos determinados. Las sucesivas renovaciones acompañaron años de trabajo, crianza y construcción de patrimonio, aunque el beneficio conservó su carácter temporal.

 

El Departamento de Seguridad Nacional estadounidense dispuso la terminación con efecto desde el 8 de septiembre de 2025. Después de decisiones judiciales contrapuestas, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió, el 9 de febrero de 2026, la resolución que había anulado esa cancelación. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos confirmó la terminación del programa para Honduras.