En tercer y último debate, el pleno del Congreso Nacional aprobó la noche de este martes crear un régimen extraordinario y temporal para que las municipalidades de todo el país puedan identificar, depurar y dar una disposición final a los bienes muebles que ya no tienen utilidad, como mobiliario, equipo o materiales obsoletos, deteriorados o convertidos en chatarra.

– Decreto crea comisiones municipales para verificar, documentar y definir el destino de bienes en desuso bajo estrictos mecanismos de supervisión.

– Los bienes podrán ser vendidos, donados o destruidos mediante procedimiento legal y transparente.

La medida busca ordenar los inventarios municipales, liberar espacios y brindar un procedimiento con respaldo legal para realizar este proceso.

El decreto establece que este mecanismo será de aplicación obligatoria y se ejecutará una sola vez en cada municipalidad.

Entre los objetivos del régimen temporal se encuentran eliminar la acumulación de bienes sin valor funcional, reducir riesgos sanitarios y ambientales, actualizar los registros contables, patrimoniales y ofrecer seguridad jurídica a los funcionarios que participen en el proceso, siempre que cumplan con los procedimientos establecidos.

Proceso con supervisión y transparencia

La normativa dispone la creación de una Comisión Municipal de Regularización, integrada por el alcalde o su delegado, el auditor interno, el encargado de bienes municipales, un regidor, el Comisionado de Transparencia y, en el caso de las municipalidades de categorías A y B, un técnico que podrá ser contratado de forma temporal para apoyar el proceso.

Esta comisión será la responsable de verificar físicamente los bienes, clasificarlos, documentar su estado y elaborar un informe técnico antes de cualquier decisión sobre su destino.

El procedimiento contempla varias etapas obligatorias, entre ellas el levantamiento físico de los bienes, su clasificación como servibles, obsoletos o inservibles, la asignación de un valor económico, el registro fotográfico, la elaboración de un informe técnico, la publicación del listado de bienes durante al menos 15 días y la remisión del expediente a Bienes Nacionales y al Tribunal Superior de Cuentas.

El incumplimiento de cualquiera de estas etapas invalidará el proceso y podrá generar responsabilidades administrativas.

El decreto autoriza que los bienes declarados inservibles puedan tener tres destinos: ser vendidos como chatarra o material reciclable, ser donados a centros de reciclaje autorizados, organizaciones sin fines de lucro o instituciones públicas, o ser destruidos cuando representen un riesgo sanitario, ambiental o de seguridad.

En todos los casos, la decisión deberá contar con la aprobación de la Corporación Municipal y quedar debidamente documentada. Además, se prohíbe que estos bienes sean adjudicados directamente a funcionarios municipales o a sus familiares.