La lucha contra la corrupción y la libertad de expresión son dos temas que pondrán presión al Poder Legislativo que enfrenta una herencia de incumplimientos relacionados con la falta de interés por aprobar reformas orientadas a garantizar la instalación de la CICIH, así como la derogación o reformas al Código Penal para endurecer las penas a los delitos de corrupción y eliminar las figuras legales que penalizan la libertad de expresión, entre ellas los llamados delitos contra el honor.

La nueva Cámara Legislativa está obligada a dar respuestas a esas dos demandas ciudadanas y de organismos de libertad de expresión, últimos que vienen escuchando promesas en más de una década de abolir los delitos contra el honor que penalizan con medidas carcelarias a los periodistas y comunicadores sociales que fiscalizan la labor del Estado y el exceso de sus autoridades.

En los últimos cuatro años la lucha contra la corrupción fue una promesa de campaña del gobierno de la ex presidenta Xiomara Castro, del izquierdista partido Libertad y Refundación (Libre), que prometió instalar en los primeros 100 días de su gestión la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), pero ello no sucedió. La acción se dilató en el tiempo entre diagnósticos y extensión de plazos de un memorando de entendimiento suscrito con las Naciones Unidas.