Las diferencias internas en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) de Honduras, en los que cada consejero y magistrado responde a intereses partidarios, acentúan la incertidumbre de cara a las elecciones generales del 30 de noviembre, algo que llevó esta semana a la comunidad internacional a reaccionar exigiendo respeto a la independencia de los órganos electorales.

A eso se suma la presión del Ministerio Público (Fiscalía) -acusado de responder a intereses del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre)-, que tiene amenazados de cárcel a una consejera del CNE y a dos magistrados del TJE, elevando el riesgo de interferencia política directa en organismos que deberían ser imparciales.

Y los militares, que por ley son apolíticos, obedientes y no deliberantes, se han venido inmiscuyendo en asuntos del CNE. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, le ha pedido al CNE que el día de las elecciones le entreguen una copia del acta del escrutinio de la fórmula presidencial, lo que ha sido calificado como una «injerencia» por la consejera presidenta, Ana Paola Hall.

Ante esta situación, la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Transparencia Internacional y EE.UU., entre otros, expresaron su preocupación por la erosión de la independencia institucional, en un proceso electoral en el que el oficialismo apuesta por un segundo período consecutivo en el poder, y la oposición por expulsarlo.

La Secretaría General de la OEA expresó que «las autoridades electorales deben poder realizar su labor técnica de conformidad con la ley, libres de injerencias y presiones indebidas de cualquier actor político» y que «su independencia y estabilidad son pilares esenciales de la gobernanza democrática».

Desde Ginebra, tres relatores de la ONU señalaron un contexto de polarización, amenazas a la libertad de expresión y riesgos para defensores de derechos humanos, y que el país «debe garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes».

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, afirmó que la Administración del presidente, Donald Trump, comparte «la preocupación» expresada por la OEA y «sigue de cerca la situación».