Un informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) revela un esquema de corrupción en la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), donde millones de lempiras destinados a proyectos sociales terminaron en manos de organizaciones no gubernamentales (ONG) vinculadas familiarmente a una alta funcionaria.

El informe, titulado «El negocio de gobernar: cómo el poder se sirve del pueblo», revela cómo se administran irregularmente fondos públicos durante 2022 y 2023, el mismo señala a funcionarios como el titular de la SGJD, Tomás Vaquero y colaboradores de la dependencia que dirige.

Según el informe del CNA, la SGJD gestionó recursos autorizados por el artículo 292 del decreto legislativo número 157-2022, que asignaba hasta 950 millones de lempiras para infraestructura menor, obras sociales y becas.

Estas partidas debían ser ejecutadas por instituciones estatales como el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), y la propia SGJD, entre otras.

Sin embargo, el informe destaca un acuerdo de delegación emitido por el secretario Tomás Eduardo Vaquero Morris, que excedió las facultades legales al involucrar a diputados del Congreso Nacional en la selección de beneficiarios.

El acuerdo número 540-A-2023 delegó responsabilidades a Sergio Vladimir Coello, subsecretario, y Jackeline Lizzette Pinto Dubón, gerente administrativa.

Este acuerdo introdujo requisitos no previstos en la ley, como fichas firmadas por congresistas para autorizar desembolsos a ONG y alcaldías.