Otro periodista fue asesinado en Honduras la madrugada de este domingo 01.06.2025. que se suma a la extensa lista de más de un centenar que han sido ultimados en situaciones -en su mayoría- no esclarecidas por los cuerpos de seguridad del Estado.

– El nuevo crimen contra un comunicador ocurre en el momento de un ataque sistematizado y creciente del jefe de las FFAA, Roosevelt Hernández contra el gremio de la prensa.

Terminando mayo, mes que se celebra el Día del Periodista en Honduras, el país vuelve a ser impactado por la muerte violenta de un profesional de las comunicaciones, quien además estaba bajo el Mecanismo de Protección del Estado desde octubre de 2023.

Se trata del periodista Javier Antonio Hércules Salinas, asesinado la madrugada de este domingo en Santa Rosa de Copán.

La información preliminar establece que la víctima fue acribillada a balazos por desconocidos armados a bordo de una motocicleta alrededor de las 4:00 de la mañana en la zona occidental de Honduras.

También se conoció que el comunicador también fungía como conductor de una empresa de radio taxi ya que estaba a bordo de esta unidad con registro 140 en el momento le quitaron la vida.

Conocidos y allegados confirmaron que el comunicador social ya había recibido amenazas a muerte y fue objeto de un atentado criminal en septiembre de 2023 cuando intentaron secuestrarlo en su taxi. Un mes después entró al Programa de Protección.

En aquella oportunidad, el comunicador social logró escapar del intento de secuestro, pero dejó en evidencia que estaba expuesto a atentados criminales.

Los primeros meses del 2025, el ejercicio del periodismo, en Honduras, estuvo marcado por una serie de hechos violatorios a la libertad de expresión que van desde amenazas, agresiones, hostigamiento, intimidación, demandas en los tribunales, desplazamiento forzado y la persistencia de la impunidad de los crímenes cometidos contra personas que laboran en medios de comunicación.

Las acciones de violencia contra periodistas y comunicadores sociales, ya sea provenientes de agentes del Estado como de particulares, son condenables, porque atentan contra el derecho al trabajo, a la libre expresión y emisión del pensamiento y ponen en riesgo la integridad física y la vida de las personas, según la Institución Nacional de Derechos Humanos de Honduras.