Los países centroamericanos están acogiendo a sus ciudadanos repatriados por Estados Unidos en el marco de la agresiva política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump, al tiempo que han tendido un controvertido puente al aceptar recibir deportados de otras nacionalidades mediante procesos tildados de ilegales y violatorios de los derechos humanos.

La promesa de «deportaciones masivas» del líder republicano aún no se patenta en el llamado Triángulo Norte, que conforman Guatemala, El Salvador y Honduras y que es protagonista de una larga historia de migración irregular hacia EE.UU. impulsada por la pobreza y la violencia.

De acuerdo con los datos oficiales, en Estados Unidos viven, bien sea de manera legal o irregular, alrededor de 6 millones de nacionales de Guatemala (unos 3 millones), El Salvador (más de 2 millones) y de Honduras (más de un millón).

Las autoridades de los tres países no han reportado hasta ahora un aumento significativo en el número de repatriados, aunque la comparación puede ser engañosa: EE.UU. alcanzó en el año fiscal 2024, el último del Gobierno del demócrata Joe Biden, un récord con 271.484 inmigrantes expulsados, la mayor cifra en una década, es decir, incluso por encima de las realizadas en cualquier año de la primera administración de Trump (2017-2021).

En el 2024, la cifra de salvadoreños deportados por EE.UU. creció un 22,2 % respecto al año anterior y la de guatemaltecos lo hizo en un 11,5 %, mientras que en el caso de los hondureños se redujo en un 30,1 %, según los datos oficiales.

En lo que va de este año, Guatemala ha recibido alrededor de 6.000 repatriados procedentes en su mayoría de EE.UU. aunque también de México, mientras que la cifra ronda los 5.000 en el caso de Honduras.